EL VALLE DE LA VERGÜENZA

Los restos mortales del dictador Francisco Franco deben ser trasladados del Valle de los Caídos. Han pasado cuarenta y tres años desde su muerte; parece que ha llegado el momento de que este monumento a la vergüenza sea desmantelado. Es inadmisible en una democracia moderna que exista un santuario que rinda homenaje a una dictadura fascista que se perpetuó en el poder a lo largo de casi cuatro décadas. El gobierno socialista encabezado por Pedro Sánchez debe buscar la mejor fórmula jurídica para garantizar que esta exhumación no tenga vuelta atrás.

Se trata de una recomendación de la Naciones Unidas. Algunos ministros han señalado que es un mandato democrático votado en el Congreso de los Diputados, que el anterior ejecutivo del PP ignoró; otros políticos han declarado que la sociedad española ya es lo suficientemente madura para que este traslado se realice sin conflictos. ¿Se trataba realmente de una falta de madurez democrática de la ciudadanía? ¿O quizás faltaba determinación para emprender un traslado que levantaba ampollas en los sectores más reaccionarios? ¿O es que acaso esas resistencias afines al franquismo han perdido poder de influencia o se han alejado de los poderes fácticos? Lo que parece inevitable, al fin, es que en España dejará de haber un monumento de exaltación del fascismo con el beneplácito de la Iglesia católica. El Arzobispado de Madrid, cercano al papa Francisco, ha afirmado que no se opondrá a la exhumación. 

¿Se imaginan un monumento de estas características a las afueras de Berlín o en el corazón de Roma? No por repetido y sabido es menos cierto este argumento. Quizás debamos preguntarnos por qué fue posible en España y es impensable en Alemania o Italia, por qué aquí se ha asumido con una naturalidad increíble durante decenios. ¿Fue esa transición realmente tan modélica como nos han inculcado a los nacidos a partir de los setenta? ¿El relato de este periodo histórico apasionante es tan uniforme y unívoco como se ha pretendido desde determinadas instancias?

Quizás el gobierno de Sánchez y el parlamento español no deban conformarse solo con esta exhumación. El revisionismo debería imponerse y la aplicación de la Ley de Memoria Histórica de Zapatero debería hacerse efectiva finalmente. Con todo esto, deberían retirarse las condecoraciones al torturador Billy el Niño, junto con las mejoras económicas en su pensión que estas suponen; habría que retirar el recién concedido ducado de Franco a la nieta de este, así como los 39 títulos nobiliarios que concedió el Dictador y que siguen apareciendo en el registro de ‘grandezas y títulos del reino’ del Ministerio de Justicia; además debería ilegalizarse la Fundación Francisco Franco que hace apología del fascismo con dinero público recibido de subvenciones; pero, sobre todo, deberían exhumarse los restos de todos los represaliados del franquismo que permanecen en cunetas y fosas comunes.

¿Qué se puede hacer con el Valle de los Caídos después del traslado? Debe reconvertirse en un memorial que recuerde lo que ocurrió y lo que jamás debe volver a suceder. No comparto la idea de que pueda ser un monumento a la reconciliación porque, durante demasiados años, ha servido para recordarnos cómo una España aplastó, asesinó, reprimió y silenció a la otra. Este Valle fue construido por presos políticos republicanos condenados a trabajos forzados que, en demasiados casos, se dejaron la vida literalmente en él y que permanecen allí enterrados junto al dictador.

A pesar de la oposición de la familia y de que hayan afirmado que no se harán cargo de sus restos porque no pueden garantizar que su tumba no sea profanada, parece que el destino más probable de Franco será Mingorrubio, el cementerio de El Pardo, donde hay una capilla en cuya cripta se encuentra la tumba de Carmen Polo, su mujer, fallecida en 1988. En este cementerio se encuentran enterrados figuras funestas del Franquismo como Carrero Blanco, Arias Navarro y algunos ministros y militares. Ha pasado casi desapercibido el hecho de que el mantenimiento de esta cripta privada corre a cargo del Ayuntamiento de Madrid, aunque en la Funeraria Municipal no hay constancia de factura alguna. ¿Son estas concesiones hechas a la que fue la familia más poderosa de este país? ¿Debe pagarse la conservación de este camposanto con dinero de todos los madrileños?

Begoña Chorques Fuster

Profesora que escribe 

Articulo publicado el periódico digital 'Ágora Alcorcón'
Imagen de María José Mier Caminero