COORDINADOR DEL MALESTAR

Es sabido por todos que la salud mental de los niños, adolescentes y jóvenes ha sufrido un deterioro general como consecuencia de la pandemia que hemos vivido. Hay que señalar que la situación social excepcional provocada por el confinamiento y las restricciones sufridas ha venido a empeorar la ya maltrecha salud mental de los más jóvenes. La sanidad pública y los servicios sociales apenas tienen medios para atender la creciente demanda de esta asistencia fundamental. 

 

Siempre digo en mis clases que los centros educativos son sociedades en miniatura donde nuestros estudiantes pueden descubrir todos los modelos sociales que encontrarán en su vida adulta. De la misma manera, como en la sociedad, la convivencia es cada día más compleja y difícil, porque los grupos humanos son cada vez más diversos y heterogéneos. Quien haya transitado por las aulas durante las tres últimas décadas, entenderá perfectamente las dificultades de las que hablo. Un aula de cualquier centro educativo no tiene absolutamente nada que ver con los grupos de alumnos de los años ochenta y noventa.

 

A esta creciente dificultad, a los docentes se nos ha pedido que ejerzamos de psicólogos, de asistentes sociales, de padres y madres… Todo esto ha ido unido al deterioro de nuestras condiciones de trabajo (subida de ratios y de carga lectiva desde la crisis de 2008 que aún no se ha recuperado en la Comunidad de Madrid). Además, como todo trabajador, sentirnos valorados pasa por el consabido reconocimiento salarial que no solo no se ha cumplido con la revalorización de nuestros sueldos, sino que sufrimos, hace más de una década, una histórica bajada de nuestras retribuciones y una congelación salarial durante años. Dejando la cuestión económica (que no es baladí) al margen, los profesores de Secundaria hemos visto cómo la carga de trabajo ha ido en aumento como consecuencia de la burocratización de nuestro trabajo, del mayor número de alumnos por aula y un aumento de las horas de clase. A todo esto, hay que añadir que en treinta años hemos sufrido seis reformas educativas. Cuando desembarqué en esta profesión hace más de veinte años, la cuestionada LOGSE estaba asentándose en nuestros centros. Desde entonces, he padecido cinco leyes orgánicas educativas: LOPEG, LOCE, LOE, LOMCE y, ahora, LOMLOE. Digo todo esto no para lamentarme ni para que se compadezcan de mí y de todos mis colegas, sino para que entiendan nuestro escepticismo y desencanto ante aquellos que deberían garantizar la igualdad de acceso a la mejor educación posible de nuestros jóvenes en cuyas manos quedará la sociedad del futuro.

 

Este curso entra en vigor la LOMLOE (no sabemos por cuánto tiempo) que contempla la creación de la figura del Coordinador de Bienestar y Protección. Este debe pertenecer al equipo docente y ser nombrado por la dirección del centro. Parece ser que las competencias de este profesional no están claras aún aunque debe velar por la buena convivencia en el centro, estar atento a los casos de acoso en el recinto educativo y en las redes sociales, y denunciar la violación de la ley de protección de datos en menores mediante la publicación de imágenes de contenido sexual o violento. La pregunta que me hago ante esta ingente tarea es: ¿cuándo se supone que mi colega designado tiene que hacer todo esto? La ley estatal no especifica una reducción de la carga lectiva para que el docente en cuestión pueda acometer este trabajo. Si acaso, se le retirará alguna guardia u hora complementaria. Por supuesto, tampoco tiene un complemento salarial por llevar a cabo una labor de una complejidad más que notable. ¿Se le puede exigir a este docente responsabilidad alguna ante semejantes condiciones de trabajo? Además, en el inicio de curso, los Coordinadores de Bienestar deberán realizar un curso de treinta horas para recibir la formación necesaria. Honestamente, me parece un insulto a todos los profesionales de la Psicología de este país.

 

De este modo, las administraciones públicas, estatal y autonómica, quieren solventar la papeleta de la creciente demanda a la atención de la salud mental de nuestros jóvenes. ¿Es esto serio? Este trabajo debería ser llevado a cabo por psicólogos titulados con el conocimiento y la experiencia necesarias para saber cómo actuar ante un intento de suicidio (autolisis) o autolesiones. La salud mental de los alumnos no puede depender de la mayor o menor sensibilidad de los profesores hacia este tema. Estamos hablando de un tema crucial. El resto son parches, a coste cero, que buscan el titular fácil en los medios de comunicación. Me atrevo a decir que actualmente la complejidad es tal que cada centro educativo debería contar con un profesional de la Psicología que atendiera a la salud mental de alumnos (y también de docentes). En cuanto a la convivencia, todo centro educativo debería tener un programa de mediación de conflictos en la que participen alumnos y docentes. Pero para llevar a cabo todo esto es necesario invertir en recursos humanos: bajar ratios, volver a las dieciocho horas lectivas y dedicar horas a mejorar la convivencia en los centros. Esto haría posible que los profesores podamos llevar un trabajo de observación de nuestros alumnos con el sosiego necesario. ¿Cómo se supone que debemos detectar posibles casos de acoso escolar cuando tenemos que ir corriendo de una clase a otra en jornadas de trabajo saturadas de tareas y reuniones?

 

Por último, no somos ni mártires ni héroes. Solo somos profesores, personas con limitaciones que lo hacemos lo mejor que podemos, intentando aprender siempre. ¿Cómo mantenemos la ilusión?, se preguntarán. Para mí la clave está en dos puntos capitales: perseverar en el buen hacer profesional, fruto de la experiencia de más de dos décadas, y centrarme en las personas, con nombres y apellidos, que están en mis manos cada curso. Esto no quita para que cometa errores en el ejercicio de mi profesión, como todos los humanos.

 

Begoña Chorques Fuster

Profesora que escribe