TODOS A LA CÁRCEL

Los acontecimientos se desbordan en Cataluña. La sensación de estar en una montaña rusa política produce vértigo. Los sentimientos de angustia, alivio, temor e ilusión se suceden en el mundo emocional de los catalanes y de los que nos sentimos parte de este pequeño territorio de Europa. Los ecos berlanguianos adquieren tintes dramáticos cuando se golpea a personas que pretenden ejercer su derecho al voto o se encarcela a cargos públicos elegidos democráticamente por el pueblo. Los políticos, encargados de trabajar por el bienestar de la población, incendian el panorama político. Algunos se comportan como auténticos pirómanos. En los momentos en que la situación parece reconducirse hacia la negociación, el cainismo ibérico aflora y acaba imponiéndose. En el pulso entre España y Cataluña nadie cede, nadie reconoce errores. España es más poderosa e impone su ley que el gobierno presidido por Rajoy interpreta de la manera más dura. Unos cuantos quisiéramos ese mismo rigor legislativo y ejecutivo en otras cuestiones. Europa, con su habitual desidia, mira hacia otro lado.

Al final del carrusel, se impone la idea de que vivimos en una estado de derecho con una calidad democrática baja, deficiente. Gana la decepción y el desconcierto. Impera la ley del más fuerte que domina los mecanismos legales y judiciales. La separación de poderes se convierte en una farsa mal interpretada. Judicializar un problema político no mejora la situación en nada, la empeora porque eleva el tono de crispación e indignación y polariza las posiciones. El desapego de una parte importante de los catalanes llega a un punto de no retorno. 

Quien piense que el problema político catalán se resolverá a base de golpes de decretos-ley en la mesa se equivoca. Tampoco quedará resuelta la noche del 21-D. Una alta participación ciudadana en la elecciones del 21-D es necesaria, casi imprescindible, para que la realidad política del país quede retratada. Pero quien opine que, tras las elecciones catalanas, el conflicto se resolverá solo yerra rotundamente. La voz de los ciudadanos debe ser escuchada –debería haber sido convocada a un referéndum pactado hace mucho–, pero independentistas y constitucionalistas deberán sentarse a la mesa y dialogar, sin demonizar al oponente político. Los resultados que arrojen las urnas deben ser asumidos y respetados por ambas partes. Es inquietante que una de ellas ya haya manifestado cuáles son sus intenciones si el resultado no le satisface. Resulta paradójico que un Estado, con gobiernos de distinto signo ideológico, se haya sentado a negociar con una banda terrorista en varias ocasiones y se niegue a hacerlo con políticos independentistas. Sin diálogo, acuerdo y urnas no habrá una salida digna al conflicto, una solución duradera y democrática que no busque la humillación de la parte más débil.

Begoña Chorques Fuster

Profesora que escribe

Artículo publicado en el periódico 'Agora Alcorcón'