El 14 de octubre empezó una huelga indefinida histórica en la educación pública de Madrid. Esta movilización se ha convertido en el grito palpable del malestar y la impotencia de unos profesionales que hemos visto mermadas nuestras condiciones laborales de forma notable en los tres últimos lustros. Este menoscabo ha supuesto un empeoramiento sustancial en el sistema educativo que lleva dando señales de alarma desde hace años. La última han sido los resultados de los estudiantes españoles en el conocido Informe Pisa.
En las últimas tres décadas, los docentes
hemos tenido que adoptar y aplicar hasta seis leyes orgánicas de educación:
LOGSE, LOPEG, LOCE, LOE, LOMCE y LOMLOE. Cualquier profesional que se viera
sometido a estos vaivenes normativos podría expresar el hastío y el hartazgo
que esta inseguridad jurídica provoca. El tan demandado y deseado pacto
educativo, que se reclamaba antes de la crisis de 2008 y que estuvo a punto de
conseguir el Ministro de Educación Ángel Gabilondo, quedó enterrado y olvidado
en la fosa del electoralismo y la polarización. Entre todos la mataron y ella solita se murió,
si me permiten el refrán.
A partir de entonces, hubo dos vueltas
de tuerca que supusieron un claro deterioro y que se sumaron a la falta de
inversión sostenida durante años. La primera fue las consecuencias de la crisis
de 2008 que trajo unos recortes brutales en educación: bajada de sueldo de los docentes
(entre el 5 y el 7%), aumento de ratios (número de alumnos por aula) y aumento
de horas de docencia directa en el aula. La segunda vuelta de rosca fue con la
pandemia y la digitalización que iba a agilizar nuestro trabajo burocrático,
que ha ido en aumento en las últimos treinta años y que ha acabado en una nueva
espiral de papeleo. Aquel primer tijeretazo significó aquella marea verde
histórica de movilizaciones en la educación pública, que quedó en casi nada.
En el caso de la Educación Secundaria, pasamos de 18 a 20 horas (a veces incluso a 21). Puede parecer una nimiedad para las personas ajenas al mundo educativo, pero el aumento de cada hora de clase supone un trabajo de preparación, corrección y atención a los alumnos que repercute en la calidad del resto de clases. Esas dos horas conllevan atender peor al grupo de tutoría que un profesor tiene, tener un grupo de alumnos más a los que impartir la materia… es decir, un trabajo ingente que acaba menoscabando la atención y la docencia de todo el alumnado que tiene un profesional de Secundaria.
Con esta situación acarreamos durante los años 2010, con el sueldo congelado durante casi un lustro y con un ridículo aumento del 1% después. A partir de los 2020, con una inflación en ascenso, nuestros sueldos se vieron mejorados pero, en no pocas ocasiones, por debajo del IPC. Reconozco que, por desgracia, esta es la situación de muchos asalariados de este país. Por eso, los funcionarios y los trabajadores públicos también somos conscientes de que la mejora de nuestras condiciones laborales y salariales acaban repercutiendo en un aumento de los haberes de todos los trabajadores. No deberíamos perder de vista que todos estamos en el mismo barco.
Aparte de la cuestión monetaria, las condiciones laborales (ratios y números de horas) se mantuvieron altas e inasumibles. Con la mejora de la situación económica, las Comunidades Autónomas fueron revirtiendo los recortes en educación a un ritmo desigual. Todas los docentes de Secundaria del Estado Español están ya a 18 horas lectivas, excepto en Madrid. En Bachillerato, en la Comunidad de Madrid, hay grupos con hasta 37 o 38 alumnos y, hasta hace dos años, grupos de la ESO con 33 alumnos. La normativa permite excepcionalmente un aumento de la ratio del 10%. Lo triste es cuando la excepción se convierte en norma para explotar al trabajador y exprimir el sistema. Este curso la ratio de la ESO es de 25 alumnos y en Bachillerato de 35 alumnos. ¿Se imaginan mantener el orden, enseñar, motivar, hacer pensar y atender de forma individualizada a un grupo de adolescentes con las hormonas revolucionadas con estas cifras? Pues lo hemos ido haciendo o malhaciendo durante todo este tiempo, a costa de nuestro agotamiento físico y mental, porque dar una clase de una hora supone un esfuerzo enorme de concentración (que te hacen perder con sus espontáneas interrupciones), contención y orientación de su energía juvenil desbordante y desbordada. A todo esto hay que añadir la heterogeneidad de los alumnos y la complejidad a la hora de dar respuesta a cuestiones no solo educativas, sino emocionales, de salud mental, incluso jurídicas, en ocasiones. Además, en los últimos años, hay que asumir que debemos trabajar a 35 grados durante algunas semanas al año.
A los docentes se nos presupone una vocación para desempeñar un trabajo encomiable, solo comparable al que desempeñan los sanitarios. Porque sanidad y educación son los dos pilares fundamentales de nuestra sociedad del bienestar. Solo puedo decir que la mayoría de los profesores con los que he trabajado durante casi treinta años y yo misma somos conscientes de la responsabilidad social que tenemos en la educación de las generaciones venideras y en el modelo de sociedad que queremos crear y ser. Pero no solo de vocación vive el docente, sino de todo recurso educativo que hace posible realizar un trabajo en unas condiciones mínimas de idoneidad. En la Comunidad de Madrid, hace tiempo que no se cumplen esos requisitos en ninguna de las etapas educativas. Es por eso que la mecha del agotamiento y de una profunda desazón ha prendido en la comunidad educativa de la escuela pública. El malestar y la impotencia ha llegado a tal extremo que está llevando esta huelga a su cuarta semana de reivindicaciones.
Lo deseable sería, tal y como viene pidiendo el comité de huelga e incluso esta semana ADIMAD (asociación mayoritaria de directores de institutos públicos de Madrid), que la Consejera de Educación, la señora Mercedes Zarzalejo, se sentará a la mesa de diálogo, escuchara las reivindicaciones de los docentes de todas las etapas educativas, de 0-3 años hasta Secundaria, y asumiera la parte principal de nuestras demandas en un plazo razonable, en una negociación seria y honesta. Señora Zarzalejo, los docentes vocacionales nos caracterizamos por tener una confianza casi ciega en el futuro de nuestro alumnado y una paciencia infinita con ellos. Por favor, siéntese y hable con nosotros.
Begoña Chorques Fuster
Profesora que escribe
Begoña, gracias por el análisis tan acertado. Añadiría también la situación de la universidad, infrafinanciada, esperando a que se caiga a pedazos.
ResponderEliminarSin duda nos van arrinconando, especialmente en Madrid donde el proceso de privatización y conciertos es incesante. Tenemos gestionando lo público a las que no creen en ello. Mal negocio, para nosotras, suculento para otras.
El artículo podría ser mucho más extenso, incluyendo la situación de las compañeras de 0-3 años, de los maestros de Infantil y Primaria… He partido de la realidad que conozco de primera mano.
EliminarPor desgracia, la conclusión es la misma en todas las etapas: el deterioro de la educación pública.