La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid publicó ayer un decreto en el que establece nuevos servicios mínimos, a partir del 20 de noviembre, para la huelga educativa indefinida que estamos viviendo desde el 14 de octubre, una huelga que han calificado como fracaso. Esto significa que, a partir de enero, los profesores que impartimos clase en 2º Bachillerato tendremos que dar, al menos, el 75 % de las clases (esto limita la posibilidad de secundar la huelga a un solo día a la semana por profesor de este nivel) y, a partir de mayo, el 90 % de las clases. Esto conlleva que no se podrá secundar la huelga ni un solo día a partir de esta fecha. Como se ve, en esos servicios mínimos, que van a ser recurridos judicialmente por los sindicatos, se vulnera el derecho de huelga de los trabajadores. Podemos afirmar que se trata de un decreto de servicios mínimos que va contra la Constitución Española.
Habrá quien afirme que se está protegiendo el derecho a la educación de los alumnos. ¿No se protegería de una forma mucho más efectiva iniciando una negociación seria y honesta? Lo que demuestra quien ha decretado estos nuevos servicios mínimos es un profundo desconocimiento del sistema educativo español y del colectivo docente. ¿Acaso creen que los profesores que impartimos docencia en este nivel no somos conscientes de lo que se juegan nuestros alumnos antes de la PAU? Sabemos lo que supone esta huelga y, después de la participación en las movilizaciones, secundar la huelga estratégicamente para que sea lo menos dañina posible para nuestros estudiantes, estamos realizando un trabajo ímprobo para que les afecte lo menos posible mediante la elaboración de materiales complementarios que ponemos a su alcance en las aulas virtuales. Pero, ¿con qué clase de profesionales se creen que están tratando?
Por si no fuera suficiente, la Consejería ha instado a la Inspección Educativa para que informemos del desarrollo de las programaciones educativas, es decir, cómo avanza la materia en cada asignatura. Factores como la idiosincrasia de los grupos, si los alumnos secundan la huelga o no, las dificultades que puedan presentar, incluso, las clases que han caído en festivos y no se dan, parecen no tener la menor importancia en el transcurso de esta primera evaluación. La huelga es una anomalía histórica más, pero no la única. Además, por lo visto, se ha instado a los equipos directivos a hacer recuento de las clases perdidas en cada asignatura y nivel. La cuestión es con qué finalidad: ¿para hacer señalamiento de profesores desde la Administración? ¿Para reforzar esas materias en esos grupos determinados? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Contratando nuevos profesores? ¿No es eso una nueva vulneración del derecho de huelga?
Y yo me pregunto: ¿no sería más sencillo sentarse a negociar con el comité de huelga y escuchar cuáles son las reivindicaciones? En lugar de afirmar que son inalcanzables, ¿por qué no se abre una mesa de negociación y se explora la viabilidad de mejorar las condiciones de los alumnos, los centros y los profesores? ¿Por qué no se negocia un calendario de mejora de las instalaciones de centros y climatización de aulas para que no demos clase a 35ºC? ¿Por qué no se revisa el pacto firmado para la reducción de las horas lectivas del profesorado y la ratio de Bachillerato que actualmente se encuentra en 35 alumnos? ¿Por qué se busca el enfrentamiento directo, el señalamiento de un colectivo profesional que se dedica a formar a la próxima generación? ¿Por qué se nos insulta y se nos desprestigia llamándonos garrapatas, violentos y vagos? Todo esto es el reconocimiento a casi treinta años dedicados a la docencia compensando las carencias de unos recursos que han ido empeorando de forma sustancial con los años.
Junto a esta normativa, se han publicado unas instrucciones “sobre el deber de neutralidad institucional y docente ante los alumnos de enseñanza no universitaria”. El hecho de promulgar esta norma con un polémico anexo que invita a la denuncia coloca a los docentes de la Comunidad de Madrid en la diana. De repente, todos somos sospechosos de haber vulnerado esa supuesta neutralidad. ¿Realmente creen que se protege la libertad de cátedra como se afirma en el texto? ¿Cómo vamos a impartir determinados contenidos de Historia, Literatura o Filosofía sin el temor a ser señalados? ¿No es acaso un intento de coacción para que los docentes nos autocensuremos? ¿Cómo pueden pensar que, cuando un alumno plantea una duda sobre un conflicto presente o pasado, el docente interpelado no analice y razone con los estudiantes los diversos factores y posturas para que este llegue a sus propias conclusiones? ¿Quieren sembrar la duda de que, desde los centros, se está adoctrinando y alentando la huelga y el conflicto? Nada más lejos de la realidad. En los centros educativos, se está cumpliendo escrupulosamente con la legalidad.
Señora Zarzalejo, por favor, siéntese a negociar. El diálogo jamás puede interpretarse como una muestra de debilidad. Ante lo publicado por su Consejería, yo me acuso de intentar formar ciudadanos con sentido crítico que, desde sus propias convicciones y bagaje cultural y familiar, sean capaces de analizar e interpretar el mundo en el que viven, que sean personas que puedan cuestionar lo que se les plantea, analizando pros y contras, mensajes sesgados e intentos de manipulación. Para eso, me dejo la piel para mejorar su comprensión lectora y su expresión escrita y oral, que puedan analizar un texto –una columna de opinión, un contrato laboral o de alquiler, un discurso político o un debate electoral– y que entiendan lo que leen y escuchan. Lo hago con convicción, dedicación y respeto absoluto a la educación y a los valores que los padres de mis alumnos han decidido darles. Porque reconozco que en la pluralidad y en la libertad está la riqueza de nuestra sociedad, también de la madrileña. Sin embargo, ¿de qué libertad nos hablan ustedes?
Begoña Chorques Fuster
Profesora que escribe


